El gobierno de Ferrol rectifica la decisión de redactar los contratos solo en castellano y garantiza ahora su traducción al gallego

El Concello de Ferrol ha dado marcha atrás en su decisión de redactar «exclusivamente» en castellano todos los contratos que licite y deban ser publicados para su adjudicación. Tras conocerse el contenido de la instrucción municipal en la que, por razones de agilidad administrativa y para reducir los plazos, se establecía esa medida, el gobierno local ha rectificado y garantiza ahora que también se traducirán al gallego. Lo hará tras una colaboración «pechada nas últimas horas» con la Xunta para que la administración local pueda utilizar los servicios lingüísticos de la autonómica para realizar la traducción y que se pueda ofrecer a la ciudadanía el acceso a los contratos en ambos idiomas.

Así lo explicó en la mañana de este jueves el teniente de alcalde y también concejal de Contratación y Organización Interna, Javier Díaz Mosquera, tras la polémica desatada por la medida adoptada, que fue comunicada, y publicada en la web municipal, el miércoles. Sobre la determinación de licitar los contratos solo en castellano, sostiene que «é unha decisión puntual que se debe principalmente ao retraso e ao gran volume de contratación que ten o ente local», y asegurando que el Concello está «en contacto directo» con la Xunta para solucionar «esta incidencia». Defendió que la normativa de la Unión Europea «obriga a tramitar estes contratos en castelán, tal e como fan outras cidades galegas». Y que actualmente, «por desgracia» los servicios lingüísticos municipales «non teñen a capacidade suficiente para atender a cantidade de traballo que require a traducción de pregos complexos», por lo que «para traballar sen retrasos optouse, insisto, de forma provisional» por realizar los contratos en castellano. 

Si las licitaciones se hacen, efectivamente, en ambas lenguas está todavía por definir. El gobierno local lo que garantiza es que los documentos en castellano se traducirán también al gallego, pero no precisa en qué momento del proceso. Fuentes municipales consultadas señalan que la intención es que puedan salir publicadas simultáneamente ambas versiones, pero matizan que, de no ser posible, se pondrían a disposición en gallego unos días después. 

El Partido Popular gobierna en mayoría absoluta en Ferrol, con trece de los 25 concejales, en la segunda etapa de José Manuel Rey Varela como alcalde. Y la oposición cargó con dureza sobre la intención del ejecutivo de hacer solo las licitaciones en castellano para «desatascar» la contratación municipal.

De «despropósito próximo ao insulto á identidade do país» y «aberración» lo calificó el PSOE, que cuenta con siete ediles en la corporación, y que lamentó el «ataque de Rey Varela á lingua galega» y la «vergoña que causa á cidade». Los socialistas consideran «absolutamente temerario tratar de coller atallos a todas luces irregulares» al pretender eliminar el gallego de los procedimientos de contratación bajo la excusa de que «entorpece a tramitación». Y celebra que «o alcalde finalmente rectificara, aínda que o fixera forzado por evidentes deficiencias formais na instrucción», o, desliza, «forzado por coincidir co anuncio do seu candidato á presidencia da Xunta de que defenderá o galego na vindeira lexislatura». Al final, defiende, «se impuxo a cordura» en un gobierno que el PSOE considera «totalmente desnortado».

El BNG pidió la retirada inmediata de la instrucción del gobierno popular, que responde, estima a «un comportamento intolerable dun alcalde antigalego». La formación nacionalista, con tres representantes en el arco plenario, asegura que «non imos tolerar estas actitudes» y anunciaba el inicio de una campaña de recogida de apoyos entre los vecinos y colectivos de la ciudad para exigir la retirada de la instrucción, medida que llevará al pleno de fin de mes, haciendo un llamamiento a los ferrolanos a asistir para «poñer freo ás actitudes antigalegas dun goberno do PP antigalego».

Por su parte, Ferrol en Común calificó de «atentado contra a nosa cultura e a nosa lingua» el contenido de la instrucción. E interpreta la justificación del gobierno de tratarse de una medida temporal, aspecto que no figura en ningún punto del documento, como una «saída de emerxencia ante a evidencia da ilegalidade» y de que la intención es «laminar o uso do galego». La formación, que cuenta con dos ediles, exige que se dicte una instrucción en sentido contrario y apunta que «se se quere dotar de máis axilidade aos procedementos isto debe facerse pola vía de cubrir as vacantes existentes nos postos de base e non nomeando asesores de libre designación».

Todas las ciudades redactan los documentos en los dos idiomas, salvo en casos excepcionales

En todas las ciudades, los contratos están disponibles en gallego y en castellano. En A Coruña hay una ordenanza sobre el uso del gallego en la Administración local y los pliegos van redactados en ambos idiomas. En el caso del Concello de Ourense, tiene una ordenanza específica desde el año 1998 que obliga a tramitar todos los expedientes administrativos en gallego. Aunque se prevé su traducción al castellano si alguien lo demanda, la normativa advierte de que, «en calquera caso, non se interromperá a tramitación en galego». En la práctica, esa ordenanza no se cumple, ya que hay pliegos que se publican en gallego, pero muchos otros en castellano, dependiendo del técnico que los elabore. La oposición denuncia que el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome ha desmantelado el gabinete de normalización lingüística del Ayuntamiento.

En Pontevedra, gobernada por el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, se publicitan en gallego. Hay algún caso con pliegos en español, pero solo cuando se contrata su redacción a alguna asistencia técnica, pero en general se publican en gallego.

Lo mismo ocurre en el Concello de Santiago, donde los pliegos se publicitan en gallego, y en el caso de suministros y servicios, si superan los 221.000 euros, y en los de obras, los 5,538 millones, van a la plataforma de contratación del Estado o al Diario Oficial de la Unión Europea y, en ese caso, se publican también en español. En el caso de que alguna empresa los solicite en castellano, se le envían traducidos.

En Lugo se publican en gallego y en castellano de forma ordinaria. La Administración local entiende que es como debe hacerse en este momento. Aquí, se da el caso de que en el 2019 el Tribunal Supremo ratificó la anulación dictada por el TSXG por la cual el Concello no podía aplicar varios artículos de la ordenanza que regula el uso del gallego en la Administración municipal, uno de ellos el que establecía el uso del gallego como única lengua oficial.

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